El cáncer se ha consolidado como el desafío sanitario más apremiante de la Región de Valparaíso, desplazando a las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte en la zona. Con una población que envejece a un ritmo superior al promedio nacional —donde el 16,1% supera los 65 años—, la región enfrenta una «tormenta perfecta» de factores demográficos y sistémicos que la sitúan como la segunda con mayor carga oncológica en el país.

La capacidad de respuesta actual muestra una red pública bajo extrema presión. El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) lidia con indicadores críticos: la región registra la tasa de retrasos más alta del país en el seguimiento de pacientes oncológicos (7 por cada 100.000 habitantes). Esta realidad ha forzado una alianza estratégica con el sector privado. Un hito relevante es el convenio entre el Ministerio de Salud y la Fundación Arturo López Pérez (FALP), que permite a pacientes del sistema público acceder a cirugías, quimioterapias y exámenes de alta complejidad como el PET-CT, habiendo atendido ya a más de 250 personas en sus primeros meses de ejecución.

El futuro de la respuesta regional se proyecta sobre dos pilares de gran envergadura. Primero, el Centro Macrorregional de Cáncer Valparaíso (CMCV), que se ubicará en el Hospital Eduardo Pereira. Con una inversión proyectada de 215 mil millones de pesos y 35.000 m², este recinto ambulatorio busca atender a más de 10.000 pacientes de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, integrando radioterapia y medicina nuclear. Segundo, la expansión de la FALP con su primer instituto oncológico regional en Viña del Mar, cuya construcción de obra gruesa se proyecta para el segundo semestre de 2026, prometiendo un centro de alta complejidad que evitará los traslados forzosos a Santiago.

La transición hacia una red oncológica resiliente en Valparaíso-San Antonio depende hoy de que estos proyectos de infraestructura se materialicen a tiempo para alcanzar a una demanda que no da tregua. La integración público-privada no es ya una opción, sino el único camino viable para garantizar el derecho a una atención oportuna y digna.